Derecho al honor

El honor de una persona se compone de dos aspectos:

1. Inmanencia: Este aspecto se refiere a la estimación que cada individuo tiene de sí mismo. Es la valoración interna de su propia dignidad y valores personales.
2. Trascendencia: Por otro lado, el honor también se relaciona con el reconocimiento que los demás otorgan a nuestra dignidad. Es la percepción externa de nuestra integridad y reputación por parte de la comunidad.

El honor abarca tanto la apreciación interna como la externa de nuestra valía como seres humanos.

La regulación del honor en España se establece a través de la Ley Orgánica de Protección Civil al Honor, a la Intimidad Personal y Familiar y a la Propia Imagen. Esta ley protege derechos fundamentales y desarrolla el artículo 18.1 de la Constitución, que reconoce los derechos al honor, a la intimidad personal y familiar, y a la propia imagen como fundamentales.

Además, existe un reconocimiento del derecho a la honorabilidad en la ley orgánica sobre el derecho de rectificación de publicaciones realizadas por medios de comunicación. Esta ley establece límites al ejercicio de las libertades de expresión, protegiendo los derechos mencionados anteriormente con el mismo carácter fundamental.

En el ámbito penal, el Derecho al Honor también está regulado. El Código Penal contempla los delitos privados de injurias y calumnias como graves atentados contra la honorabilidad personal.

Injerencia en el derecho de la personalidad: Esto se refiere a cualquier acción o conducta que afecte negativamente la dignidad, reputación o imagen de una persona. Puede incluir difamación, calumnias o cualquier acto que menoscabe su honor.

Intromisión ilegítima en su ámbito de protección: Esto abarca cualquier violación no autorizada o injustificada de la esfera privada de una persona. Por ejemplo, la divulgación no consentida de información personal o la invasión de la privacidad.

Los ficheros ASNEF (Asociación Nacional de Establecimientos Financieros de Crédito) son registros de morosidad en España donde se recopilan los datos de personas y empresas que tienen deudas pendientes con entidades financieras, compañías de servicios, o cualquier otro tipo de acreedor. Estos ficheros son utilizados principalmente por bancos y entidades de crédito para evaluar el riesgo crediticio de sus clientes.

Estar incluido en un fichero ASNEF puede tener graves consecuencias, como la dificultad para obtener financiación, acceso a una vivienda o contratar ciertos servicios.

Para gestionar y resolver problemas relacionados con la inclusión en un fichero ASNEF, muchas personas recurren a nuestros abogados especializados en derecho financiero y de consumo. En Abogados Legalsha te asesoramos sobre la legalidad de la inclusión en el fichero, ya que no siempre se realiza de manera correcta. Además, nuestros abogados especialistas te ayudarán a negociar con los acreedores, a elaborar planes de pago, o incluso a iniciar acciones legales si consideras que tu inclusión en el ASNEF ha sido indebida.

Contar con el apoyo de nuestros abogados expertos es crucial si te encuentras en esta situación, ya que pueden guiarte en el proceso de reclamación y garantizar que se respeten tus derechos como consumidor.

El derecho a la protección de la propia imagen tiene ciertos límites en función de las circunstancias personales del individuo al que afecta la captación, reproducción o publicación de información personal:

1. Personas que ejerzan un cargo público: En el caso de personas que ocupan cargos públicos, la protección de la imagen puede ser más flexible debido a la relevancia pública de su posición.
2. Personas o profesiones de notoriedad o proyección pública: Cuando se trata de individuos conocidos o profesionales con alta visibilidad pública, la protección de su imagen puede estar sujeta a consideraciones especiales.
3. Captación de imagen durante actos públicos o en lugares abiertos al público: En situaciones públicas o en lugares accesibles al público, la protección de la imagen puede ser menos estricta debido a la exposición voluntaria.
4. Utilización de caricaturas: La utilización de caricaturas o representaciones gráficas puede estar permitida, siempre que se ajuste al uso social y no cause daño injustificado.
5. Información gráfica sobre sucesos públicos: Si la imagen de una persona aparece como meramente accesoria en la información gráfica sobre un suceso público o acaecimiento, la protección de la imagen puede ser menos rigurosa.

Estos límites buscan equilibrar el derecho a la protección de la imagen con otros intereses legítimos.

El anonimato puede recibir una protección especial en casos en los que las personas ejerzan un cargo público o tengan notoriedad o proyección pública. La ley tiende a aplicar esta protección principalmente a las autoridades, aunque no lo mencione explícitamente. Es importante señalar que esta protección al anonimato parece estar más relacionada con la seguridad que con la protección específica de la honorabilidad personal.

El texto literal de la ley en relación al anonimato establece lo siguiente: “No serán de aplicación respecto de las autoridades o personas que desempeñen funciones que por su naturaleza necesiten el anonimato de la persona que las ejerza.”

En efecto. La relevancia pública y la actualidad de cada información son factores que pueden afectar la honorabilidad y por tanto, la intimidad personal de la persona. En este sentido, la notoriedad actual de la persona claramente afecta a este derecho.

Por otro lado, el derecho al honor se ve afectado por las ideas que prevalezcan en cada momento en la sociedad y por el propio concepto que, según sus actos propios, cada individuo mantenga y sean los que determinen sus pautas de comportamiento.

No. No es posible.

Aunque “consentida” por el propio interesado, una intromisión ilegítima en el honor no dejará de serlo.

La Ley de Protección al Honor establece que ha de haber un consentimiento expreso, y señala literalmente que “el Derecho al Honor, a la Intimidad Personal y Familiar y a la Propia Imagen es irrenunciable, inalienable e imprescriptible. La renuncia a la protección prevista en esta Ley será nula…”

En cuanto a la indemnización de perjuicios, se asume que estos existen en cualquier caso de injerencias o intromisiones comprobadas. Por lo tanto, la mera intromisión en el derecho al honor implica directamente la presunción de perjuicios que deberán ser compensados a través de una indemnización.

Este derecho, por lo tanto, se traduce en el surgimiento de otro derecho, el de la indemnización.

La protección judicial frente a las intromisiones ilegítimas en los derechos al honor y la intimidad personal puede solicitarse a través de las vías procesales ordinarias o mediante el procedimiento contemplado en el artículo 53.2 de la Constitución. Asimismo, cuando corresponda, es posible recurrir al recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, actualmente denominado demanda de amparo.

En Abogados Legalsha somos especialistas en reclamaciones por derecho al honor.

Contacta con nuestros abogados y te asesoraremos sobre tu caso y cómo proceder.

La tutela judicial incluirá la adopción de todas las medidas necesarias para poner fin a la intromisión ilegítima de que se trate y, en particular, las necesarias para:

1. Restablecer al perjudicado en el pleno disfrute de sus derechos, con la declaración de la intromisión sufrida, su cese inmediato y la reposición al estado anterior. En caso de intromisión en el derecho al honor, este restablecimiento incluirá, además del derecho de réplica por el procedimiento legalmente previsto, la publicación total o parcial de la sentencia condenatoria a costa del condenado, con al menos la misma difusión pública que tuvo la intromisión sufrida.
2. Prevenir intromisiones inminentes o futuras.
3. Indemnizar los daños y perjuicios causados.
4. Apropiar al perjudicado el lucro obtenido con la intromisión ilegítima en sus derechos.

Estas medidas se entenderán sin perjuicio de la tutela cautelar necesaria para asegurar su efectividad.